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Abono de la indemnización ante un despido por causas económicas

Cuando una empresa se encuentra en dificultades y necesita disminuir sus costes y se ve en la necesidad de prescindir del personal laboral, debe analizar con detalle la situación económica de la empresa y tomar la difícil decisión de comunicar a alguien de la plantilla que se va a prescindir de sus servicios.

Para ello, sabemos que es necesario cumplir ciertas formalidades que legalmente son exigidas para el despido por causas económicas y que están contemplados en los artículos 51, 52.e) y 53 del Estatuto de los Trabajadores.

Un requisito imprescindible para formalizar un despido por causas objetivas es entregar la indemnización legal correspondiente en el mismo momento de la entrega de la carta de despido (artículo 53.1.b) ET).

En ocasiones, la empresa se encuentra en tan mala situación que no tiene liquidez para proceder al abono de la mencionada indemnización. Ante esta situación, la empresa puede alegar falta de efectivo para poner a disposición del trabajador la indemnización legalmente exigida.

En estos supuestos, es el empresario quien tiene que probar que efectivamente tiene falta de liquidez. A veces resulta muy complicado demostrar una prueba plena al respecto, pero basta con que existan sólidos indicios de los que racionalmente se desprenda la realidad económica de la empresa.

Así lo dice una reciente sentencia del Tribunal Supremo con nº 261/2017, rec. 255/2015 en el que el que el trabajador demandante fue despedido por causas económicas y productivas. En la carta de despido se alegaba un menor volumen de la actividad empresarial, pérdidas de más de 13.000 euros, un impago de 178.000 euros por impagado de otra empresa en concurso de acreedores y un saldo de deudores superior al millón doscientos mil euros que estaría en fase de reclamaciones judiciales.

Además, la empresa tuvo que extinguir 34 trabajadores temporales y 7 indefinidos, hacía frente a las nóminas de los trabajadores y a sus proveedores, pero a estos últimos les entregaba pagarés y por último, a la fecha del despido tenía un saldo en la cuenta de 6.000 euros.

Esta sentencia señala que “la situación de falta de efectivo para poner a disposición la indemnización no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente al respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen presumir la realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador según el apartado 3 del art. 217 de la LEC (STS de 21 de diciembre de 2005, rec. 5470/2004)”.

La sentencia, por tanto, considera que existen elementos de juicio suficientes sobre la incidencia de la mala situación económica de la empresa en la imposibilidad de poner a disposición del trabajador la indemnización en el momento de la entrega de la comunicación escrita, el volumen de deudas pendientes que tiene, así como la pérdida de clientes y el impago de créditos pendientes.

Igualmente se hace constar que el pago de las nóminas, proveedores, se efectuaba aplazadamente o mediante la entrega de pagarés diferidos, así como el hecho de que el saldo bancario apenas llegaba a los 6.000 euros, cantidad notoriamente insuficiente para atender a las indemnizaciones del despido.

Conclusión

Como conclusión se puede decir que las empresas pueden no abonar la indemnización en el momento de la carta de despido, pero no hay que pensar que porque tenga una mala situación económica pueda dejar de abonar la indemnización legal de un despido por causas objetivas. Como hemos visto, deben existir razones de peso para no abonar la indemnización y hay que alegarlo y justificarlo y poder probarlo, de lo contrario, el despido puede declararse improcedente.

Ver sentencia completa.

 



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