Área de clientes · Acceder
cmv@cmv-abogados.com
947 27 84 07

Blog

La nueva Ley de Contratos del Sector Público y la prioridad aplicativa de los convenios colectivos

El pasado día 19 de octubre de 2017 fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el “Proyecto de Ley de contratos del sector público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

Esta Ley, merece especial atención en el ámbito laboral por las importante modificaciones de contenido social y laboral que ha tenido durante su tramitación parlamentaria en relación con el convenio colectivo aplicable ante una licitación pública.

 

Como bien se sabe, el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores establece prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa frente al convenio colectivo sectorial en determinadas materias, entre ellas, el salario o complementos salariales, el horario y distribución del tiempo de trabajo, el abono y compensación de las horas extraordinarias, las medidas para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar, el sistema de clasificación profesional de los trabajadores.

 

En este sentido, la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha introducido una serie de disposiciones que fuerzan de nuevo a aplicar el convenio colectivo sectorial a las empresas que quieran licitar, aun cuando tengan convenio colectivo de empresa. Entre estas disposiciones se encuentran las siguientes:

 

  • El artículo 122 sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares.- Este artículo establece que “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán…….la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo”.

 

  • El artículo 149 de ofertas anormalmente bajas que establece que “En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.”

 

  • El artículo 202 relativo a las Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden en el que se podrán establecer condiciones especiales en la licitación para “garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables”.

 

La introducción de estas limitaciones al convenio de empresa en las licitaciones públicas puede que sea por la proliferación de  convenios colectivos en el ámbito empresarial que, abarataban de forma muy relevante los costes laborales, con el objetivo fundamental de posicionar en el mercado sus productos o servicios a precios muy inferiores que los ofrecidos por las empresas competidoras que mantienen de aplicación el convenio colectivo sectorial.

 

Si bien es cierto que hay empresas que han aprovechado la prioridad aplicativa del convenio de empresa para reducir drásticamente los salarios de los trabajadores, también las hay muchas que han utilizado esta medida para dotarse de una mayor autonomía en el ámbito de la negociación colectiva y poder negociar con los representantes de los trabajadores de su empresa las necesidades concretas de la misma y de sus trabajadores, algo que el convenio sectorial hasta ahora no les ha permitido.

 

A nuestro entender, con la aprobación de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público se da un paso hacia atrás dando, de nuevo, prioridad aplicativa al convenio sectorial frente al convenio de empresa y, si bien es cierto que puede ser una manera de asegurar la igualdad en las condiciones salariales de los trabajadores afectados, puede generar otros conflictos y desigualdades entre las empresas que tienen convenio colectivo propio frente a las que no.

Cristina Martínez Iglesias

Formulario contacto
×
Contacta con nosotros