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Cuáles son los plazos para la prescripción de las faltas laborales

El poder disciplinario del empresario forma parte del poder y organización que el mismo tiene en la empresa frente a los incumplimientos laborales del trabajador en el ámbito de las obligaciones de su contrato de trabajo.

Ese poder disciplinario debe respetar unos principios que lo limitan como son, el principio de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y singularidad, más  unas exigencias formales que vienen reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y la Negociación Colectiva.

Además, a la hora de tomar una decisión sancionadora, el empresario deberá tener en cuenta que existe una limitación temporal y que las infracciones cometidas por los trabajadores prescriben según los plazos previstos en el  Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, el artículo 60 ET establece que, “las faltas leves de los trabajadores prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”.

 

El fundamento de la prescripción de las faltas laborales está en que el trabajador no debe soportar de forma indefinida las consecuencias de una conducta infractora. De esta forma se sanciona la inactividad disciplinaria del empresario dado que tiene la facultad de sancionar en el momento y no lo hace. Por lo tanto, el principal efecto de la prescripción de las faltas es que transcurrido el plazo, la conducta no podrá ser sancionada ni utilizada para justificar reincidencia.

En relación con los plazos de prescripción de las faltas, existe un plazo de prescripción llamado “corto”, que es de diez, veinte y sesenta días, según la gravedad de los hechos, cuyo cómputo se inicia desde que el empresario tiene conocimiento de la falta. Luego el plazo comienza a contar desde que los hechos llegaron a tener conocimiento de quienes tienen la facultad sancionadora.

Ahora bien, no basta con un conocimiento superficial, sino que ha de tratarse de un conocimiento cabal, exacto y pleno de los mismos por lo que, si ha habido una ocultación de los hechos por la persona que los ha cometido, esta actitud modifica el día inicial del cómputo y comenzaría a partir de aquel en que cesó tal ocultación.

También existe  un plazo de prescripción “largo”, de seis meses, en el artículo 60.2 ET que opera “en todo caso” desde la comisión de los hechos. Este precepto ha sido objeto de interpretación por parte de la jurisprudencia para evitar beneficiar al infractor y premiar las conductas que se han querido ocultar o han sido continuadas y son sancionables. Por ello se ha señalado que aunque el dies a quo de la prescripción «larga» comienza a correr con carácter general desde la comisión de los hechos, esta regla general tiene su excepción en aquellos supuestos en que haya habido ocultación maliciosa de los hechos en los que es el autor de los mismos el responsable de la dilación en el conocimiento por parte del empresario. En estos casos el cómputo del plazo se inicia a partir del conocimiento por la empresa del último incumplimiento.



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